Más de 5.000 estudiantes de Extremadura se encuentran sin transporte escolar al inicio del curso académico debido a un conflicto entre la Junta de Extremadura y las empresas de transporte. El problema afecta a más de 170 municipios extremeños, principalmente del mundo rural, que carecen de capacidad económica para ofrecer una solución alternativa.

La Federación de Municipios y Provincias de Extremadura ha rechazado asumir la competencia del transporte escolar ante la propuesta de algunos colectivos de que sean los ayuntamientos quienes se encarguen del servicio. Los alcaldes consideran que garantizar el transporte escolar no es competencia municipal y que asumir esta responsabilidad generaría problemas de seguridad del alumnado e inseguridad jurídica.

Los municipios afectados son en su mayoría pequeños ayuntamientos rurales sin suficiente capacidad económica para hacer frente a una posible solución. Las intervenciones municipales también podrían presentar reparos desde las intervenciones de los distintos municipios por tratarse de competencias ajenas a su ámbito.

El conflicto pone en riesgo el derecho fundamental a la educación reconocido en la Constitución y afecta especialmente al equilibrio entre el mundo rural y urbano. Las familias y el alumnado viven días de incertidumbre al no poder ejercer este derecho básico.

La FEMPEX ha tendido la mano para colaborar en aquello que pueda ser útil, pero mantiene que no puede suplantar competencias ni asumir responsabilidades que no le corresponden. La situación requiere una solución desde la administración autonómica para resolver el conflicto con las empresas de transporte y garantizar el servicio.