La tramitación de las ayudas a la Intervención Sectorial Apícola (ISA) 2025 se ha convertido en un proceso excesivamente complejo que está provocando la renuncia de numerosos apicultores a solicitarlas. El programa de fondos compartidos entre el FEAGA (50%), el Ministerio de Agricultura (25%) y las Comunidades Autónomas (25%) representa un apoyo fundamental para la competitividad del sector frente a las importaciones de mieles extracomunitarias a bajos precios.

El actual sistema obliga a los apicultores a realizar estimaciones anticipadas de gastos basándose en ejercicios anteriores, con el riesgo de sufrir penalizaciones que pueden llegar a la pérdida total de la ayuda si las previsiones no coinciden con los gastos reales durante el ejercicio. Esta situación afecta especialmente a partidas como los tratamientos sanitarios y las inversiones en equipamiento.

Los productores y técnicos deben predecir necesidades futuras, como posibles enfermedades de las colmenas antes del 31 de julio, enfrentándose a una disyuntiva: si no asignan gastos sanitarios pierden ese incentivo, pero si los asignan y no se producen, reciben penalizaciones por declarar gastos no ejecutados. Esta misma problemática se extiende a otras inversiones como cera y equipamiento.

La creciente burocracia asociada a las ayudas de la PAC ha provocado un descenso del 8% en el número de expedientes tramitados en los últimos años. Los controles administrativos y de campo incluyen requisitos y declaraciones que complican el proceso cuando muchos casos podrían ser subsanados de oficio por la administración.

La Asociación de Apicultores de Andalucía propone convertir esta ayuda en un incentivo directo a los apicultores que demuestren actividad económica en sus explotaciones, cubriendo gastos obligatorios como los tratamientos contra varroa o la alimentación suplementaria, cada vez más necesaria debido a los efectos del cambio climático en el sector.