Alrededor de 13.000 demandantes de empleo de Extremadura y Andalucía podrían acceder a un contrato temporal vinculado a las tareas de reparación de los destrozos que dejaron las inundaciones. Esa estimación se apoya en la participación registrada por el plan de empleo anterior, que en 2024 reunió a unas 2.800 personas en territorio extremeño.

La contratación corre a cargo de los consistorios de las localidades dañadas, que reciben para ello una subvención directa del Servicio Público de Empleo Estatal. El coste total, cincuenta millones de euros, sale del presupuesto de ese organismo.

Los trabajos previstos abarcan la recuperación de infraestructuras y servicios municipales deteriorados. Junto a ellos figuran los desperfectos sufridos por explotaciones agrícolas, caminos e instalaciones agrarias y por los propios terrenos de cultivo, un conjunto de daños que ha alterado el desarrollo habitual de la actividad del campo en las comarcas golpeadas por el agua.

Las riadas se produjeron entre los últimos meses de 2025 y los primeros de 2026 y tuvieron su origen en episodios meteorológicos adversos de carácter extraordinario.

La medida persigue un efecto doble sobre esas poblaciones: acelerar la vuelta a la normalidad de su actividad económica y social y, al mismo tiempo, contener la pérdida de puestos de trabajo que el temporal provocó en el tejido productivo local.

El real decreto que da cobertura al programa recibió luz verde este martes en Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Trabajo y Economía Social.