La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Fomento José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, en la sentencia que resuelve la Causa Especial 20775/2020, conocida como caso Mascarillas. El fallo, adoptado por unanimidad, fija un máximo de cumplimiento efectivo de 15 años. La resolución se ha hecho pública este mismo lunes.

El antiguo asesor del exministro, Koldo García Izaguirre, ha sido condenado por los mismos delitos a 19 años, ocho meses y un día de prisión, con un máximo de cumplimiento efectivo de 15 años. El empresario Víctor de Aldama Delgado ha recibido una pena de cuatro años y seis meses, cuya ejecución queda suspendida por su colaboración en el descubrimiento de los hechos.

La sentencia considera probado que los tres acusados constituyeron una organización criminal con reparto de funciones y vocación de permanencia. Según el relato de hechos probados, Ábalos aportaba la autoridad derivada de su cargo en el Ministerio de Transportes y como secretario de organización del PSOE; García actuaba como su hombre de confianza; y Aldama localizaba empresas y particulares interesados en gestiones con la Administración a cambio de una contraprestación económica repartida entre los tres. El tribunal sitúa el origen del plan en un viaje a Oaxaca (México).

Para cohesionar el grupo, los acusados pactaron una remuneración mensual de 10.000 euros que Aldama abonó a los otros dos desde octubre de 2019 hasta junio de 2022. A ello se sumó el pago de la renta de una vivienda en la Torre de Madrid, en la Plaza de España, ocupada por la entonces pareja de Ábalos, por 2.700 euros mensuales y un total de 82.298 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. El esquema incluyó además un contrato de arrendamiento con opción de compra sobre un piso del Paseo de la Castellana, fijado en 750.000 euros frente a un valor de tasación de 1.442.914,68 euros.

Uno de los episodios centrales es la adjudicación del suministro de mascarillas durante la pandemia. La empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama, resultó adjudicataria de dos contratos de entes dependientes del Ministerio: ocho millones de mascarillas a través de Puertos del Estado y cinco millones a través de ADIF, este último por 12.500.000 euros. Aldama canalizó comisiones por 6.676.046,09 euros mediante dos sociedades de las que es administrador único. Ábalos y García solicitaron de esas comisiones 2.000.000 y 500.000 euros, respectivamente.

El fallo también declara probada la contratación de Claudia Montes por la sociedad pública LOGIRAIL, con un salario de 1.384,99 euros mensuales, y la de Jessica Rodríguez por INECO y TRAGSATEC, donde percibió 34.450 y 9.500,54 euros netos respectivamente sin desempeñar trabajo alguno. Estos hechos se califican como tráfico de influencias y, en el segundo caso, malversación de patrimonio público.

La sentencia recoge igualmente el disfrute gratuito de una vivienda en Marbella, identificada como Villa Parra, durante diez días de agosto de 2020, en pago a las gestiones para la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa, y el arrendamiento con opción de compra de un chalé en La Línea de la Concepción vinculado a la tramitación de una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. Ambos episodios se califican como cohecho.

El tribunal absolvió a los tres acusados de los delitos relacionados con los certificados de movilidad emitidos durante el estado de alarma, las gestiones de la licencia de hidrocarburos ante un ministerio sin competencia y el intento de aplazamiento de una deuda tributaria, al no apreciar tipicidad o prueba suficiente en esos hechos.

La liquidación final de la pena de Ábalos se ajusta conforme al artículo 76 del Código Penal, que fija el máximo de cumplimiento efectivo en 15 años de prisión.